El confuso episodio ocurrido en Rosario, en el que un empleado de seguridad privada terminó con el 80% de su cuerpo quemado, es materia de una investigación judicial que busca determinar con precisión cómo se originó el foco ígneo y si hubo responsabilidad en el accionar policial.
El hecho se produjo cuando el trabajador realizaba un reclamo a la empresa para la que presta servicios por presuntas deudas salariales. En ese contexto, el hombre se había rociado con una sustancia altamente combustible y, en medio de la intervención de la policía, recibió una descarga de una pistola Taser.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, remarcó que aún no se puede establecer con certeza qué provocó que el hombre se incendiara.
“La palabra clave es posibilidad. Es posible que haya sido (por la descarga), también está la posibilidad de que no haya sido y haya sido otro factor”, explicó.
En ese sentido, subrayó que el caso debe ser investigado por la Justicia para garantizar objetividad: “Tratándose de un hecho de esta naturaleza corresponde que intervenga la fiscalía para un esclarecimiento externo al propio ministerio”. El funcionario indicó que existen elementos técnicos que serán clave para la investigación, como los registros de las cámaras corporales (bodycam) de los agentes y el sistema digital de las Taser, que permite reconstruir segundo a segundo la descarga eléctrica aplicada.
Sin embargo, Cococcioni reconoció que el uso de este tipo de dispositivos no está recomendado en contextos donde hay inflamable. “Claramente no se recomienda. Hay que evaluar muchísimos factores, como la presencia de material combustible, la altura de la persona o el entorno”, afirmó, y señaló que este punto “enciende una luz amarilla” sobre el procedimiento. Sobre la implementación de las Taser en la provincia, el ministro explicó que se trata de una prueba piloto.
