Al filo de que se venciera el plazo legal para que el Gobierno girara 2.5 billones de pesos (US$1785 millones) a las 56 universidades nacionales, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para esquivar el fallo de la Cámara III en lo contencioso administrativa que la obligaba a cumplir con la ley de financiamiento.
La medida, adelantada por Clarín, se consumó este viernes, horas después de que los abogados del Estado presentaran un recurso per saltum para rehabilitar los artículos de la Reforma laboral suspendidos por un juez de primera instancia.
El Gobierno se juega un pleno a dos decisiones sensibles del máximo tribunal. La administración libertaria sostiene que la decisión judicial invade competencias propias del Congreso y del Ejecutivo, porque vulnera el principio de división de poderes y "altera el régimen presupuestario vigente, al ordenar gastos sin financiamiento previsto".
El Gobierno perdió en dos instancias el reclamo en la Justicia que ahora lleva a la Corte. Antes, Javier Milei vetó la ley que reconoce las pérdidas salariales y de funcionamiento que arrastran las universidades desde 2024. Luego de que el Congreso ratificara la ley y rechazara el veto, el oficialismo intentó incluir la derogación de la norma del proyecto de Presupuesto 2026, pero finalmente el capítulo entero fue eliminado por presión de la oposición.
Un sector del Gobierno negoció con los rectores la presentación de un proyecto alternativo a principios de año con menor impacto fiscal, pero nunca avanzó en el Congreso, aunque el oficialismo tenía los votos necesarios. Primó otra estrategia: la idea de que conseguirían un fallo positivo por la intermediación del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ahora, las condiciones cambiaron en el Parlamento, según reconocen negociadores del oficialismo. La situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni tampoco ayuda.
En el ministerio de Justicia advierten que no pagarán hasta que la Corte se expida. En el Consejo Interuniversitario adelantaron que avanzarán con una marcha masiva como la de abril de 2024, cuando cerca de 450 mil personas salieron a la calle.
