El Gobierno nacional analiza una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de establecer mayores restricciones al uso político de recursos estatales. La propuesta apunta a definir con más precisión qué conductas estarán prohibidas dentro de la administración pública.
En la Casa Rosada sostienen que la intención es evitar la utilización de oficinas, teléfonos, vehículos oficiales y herramientas del Estado para actividades partidarias. El proyecto también buscará reforzar los controles sobre el accionar de los funcionarios.
Según trascendió, la iniciativa incluiría limitaciones vinculadas al uso de correos institucionales, redes sociales, tiempo laboral y teletrabajo para fines políticos. Además, contemplaría restricciones sobre la organización de actividades partidarias y posibles pedidos de aportes dentro de organismos públicos.
Inspiración en la “Hatch Act”
El modelo que toma como referencia el Ejecutivo es la legislación estadounidense conocida como “Hatch Act”. Esa normativa regula la actividad política de empleados públicos mientras se encuentran en funciones o utilizan recursos estatales.
La ley norteamericana prohíbe realizar campaña política desde oficinas públicas, emplear vehículos oficiales con fines partidarios o ejercer presión sobre subordinados. También prevé sanciones que pueden ir desde advertencias hasta despidos.
Otro de los aspectos observados por el Gobierno es la protección de los empleados frente a posibles presiones para participar en campañas o realizar aportes partidarios. En ese sentido, la eventual reforma buscaría fijar criterios más específicos sobre el uso de la estructura estatal con fines electorales.
Por el momento, la modificación no figura entre las prioridades inmediatas de la agenda legislativa oficialista, aunque el análisis continúa dentro del Ejecutivo nacional.
Con información de TN.
