La decisión de Javier Milei de sostener en su cargo a Manuel Adorni, aun cuando las sospechas de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias golpean cada vez con más fuerza al Gobierno, revela mucho más que una estrategia defensiva frente a una crisis coyuntural. Expone, en realidad, una contradicción política que amenaza con erosionar uno de los principales activos simbólicos de La Libertad Avanza: la idea de que venían a terminar con los privilegios y la corrupción de “la casta”.
Desde hace semanas, las denuncias y revelaciones periodísticas alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete se convirtieron en el principal foco de tensión dentro de la Casa Rosada. Investigaciones publicadas por Clarín y La Nación pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, gastos difíciles de justificar y movimientos patrimoniales que despertaron sospechas tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo. Aunque hasta ahora no existe una condena judicial ni pruebas concluyentes, el problema político para el Gobierno ya está instalado.
La reacción presidencial fue inmediata y contundente. Milei no sólo rechazó las acusaciones, sino que decidió convertir la defensa de Adorni en una cuestión de lealtad política. “Ni en pedo se va”, lanzó el Presidente, mientras desde el entorno oficial insistían en denunciar una supuesta operación mediática destinada a desgastar al Gobierno.
Esa respuesta no es casual. Adorni se transformó, desde el inicio de la gestión libertaria, en una figura central del esquema de poder mileísta. Más allá de su rol formal como jefe de Gabinete, funciona como vocero político, escudo mediático y operador interno del Presidente. Su cercanía con Karina Milei y su peso en la estructura comunicacional oficial lo convirtieron en uno de los hombres más influyentes del Gobierno.
Sin embargo, el problema para el oficialismo es que la estrategia de blindaje comenzó a generar fisuras internas cada vez más visibles. El malestar ya no circula únicamente en conversaciones reservadas: empezó a expresarse públicamente.
Uno de los episodios más significativos fue la intervención de Patricia Bullrich, quien pidió que Adorni presentara explicaciones públicas para desactivar el escándalo. Aunque el mensaje fue formulado en tono institucional, dentro del oficialismo muchos lo interpretaron como una señal de incomodidad política y como una advertencia hacia el entorno presidencial.
Las tensiones también profundizaron las internas que desde hace meses atraviesan al oficialismo. El caso Adorni reactivó la disputa entre el círculo político alineado con Karina Milei y el sector vinculado al asesor Santiago Caputo, donde crecen las críticas sobre el impacto del escándalo en la imagen presidencial.
La guerra silenciosa entre ambos espacios se trasladó incluso a las redes sociales, territorio central para el mileísmo. Influencers libertarios, cuentas militantes y dirigentes cercanos al Gobierno comenzaron a cruzarse públicamente por la estrategia defensiva adoptada frente a las denuncias. Algunos reclamaron cerrar filas detrás del funcionario; otros advirtieron que el silencio y la confrontación permanente sólo agravan el desgaste.
A esa pelea interna se sumaron figuras como Marcela Pagano, exaliada libertaria hoy enfrentada al núcleo duro presidencial, quien lanzó fuertes acusaciones contra Adorni y contra el funcionamiento político del oficialismo. Sus declaraciones aumentaron la presión pública sobre el jefe de Gabinete y dejaron expuesto un clima de fractura interna que el Gobierno intenta minimizar.
En este contexto, Milei enfrenta un dilema clásico de los gobiernos personalistas: proteger a un colaborador clave o preservar el capital político de toda la administración. Hasta ahora eligió lo primero. Considera que desplazar a Adorni sería leído como una derrota frente a la presión mediática y judicial.
Pero el riesgo de esa estrategia es evidente. Cada nueva revelación amplifica la sensación de que el Gobierno aplica una doble vara frente a las sospechas de corrupción. Y para una fuerza política que construyó gran parte de su identidad alrededor de la denuncia moral contra “la vieja política”, esa percepción puede resultar devastadora.
