En los últimos días se redujeron las distancias entre las retenciones a las exportaciones agropecuarias que rigen con carácter permanente desde fines de julio y lo que propuso la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) en uno de los estudios más completos del tema.
Como se sabe, los derechos de exportación sobre la soja han quedado en el 26% y los que pesan sobre el maíz, el trigo, el sorgo y la cebada, en el 9,5%; en el caso del girasol, la baja ha sido del 7,5% al 5%. La propuesta de FADA fue reducirlos en un tercio desde los valores vigentes hace un año, que eran del 33% para la soja y del 12% para otros cultivos centrales, con excepción del girasol, que tributaría, según su iniciativa, el 4,7%, siempre como alícuota sobre el precio FOB de un producto exportado.
El Presidente y el Congreso de la Nación deben prepararse, después de los comicios generales del 26 de octubre próximo, para encarar una impostergable reforma impositiva, laboral y previsional. No la podrán evitar si están dispuestos a que el país supere la serie de estancamientos y retrocesos que ha afectado la vida de varias generaciones de argentinos. En la primera de esas reformas debe estar incluida la revisión de la prolongada política de despojo a la producción agropecuaria y de pérdida de posiciones relativas argentinas frente a otros países.
Las retenciones han ejercido una influencia nefasta sobre las inversiones y la producción, y han sido una de las principales causas de que países vecinos, como Brasil, hayan casi duplicado, en cuestión de décadas, la riqueza generada por el agro argentino. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, de acuerdo con un reciente informe general, la Argentina exportó en 2024 granos y subproductos por 89,7 millones de toneladas, mientras que se proyecta para todo 2025 un aumento, que las llevaría, de mantenerse el buen tiempo en el corazón de la zona núcleo, a 97,5 millones de toneladas.
Tan atrás como estaba respecto de nosotros hasta aún después de promediar el siglo XX, Brasil exportó, en el ciclo 2024/25, según las cifras confiables de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de ese país, 153,14 millones de toneladas. Esa cifra se compone de 106,6 millones de toneladas de soja; 2 millones de trigo; 40 millones de maíz; 1,6 millones de arroz y 2,94 millones de algodón. Todo esto sin computar las ventas al exterior del complejo del azúcar.
Por algo, como bien ha hecho notar el informe de FADA, el aumento del PBI fue, en los últimos años treinta años, del 56% en la Argentina, en tanto que Paraguay creció 252%; Brasil, 257%, y Nueva Zelanda,314%.
Al ser impuestos nacionales que engrosan las arcas fiscales del Estado central sin coparticipación alguna con las provincias, las retenciones obran automáticamente en desmedro de la recaudación por ganancias, como lo saben los gobernadores provinciales. En rigor, defienden el federalismo, uno de los principios básicos sobre los que estructuró el país la Constitución Nacional de 1853/60.
Las retenciones constituyen uno de los tributos que privan a las provincias de recursos originados genuinamente en sus respectivas jurisdicciones y afectan, de igual modo, como es lógico, a municipios y comunas. Por eso es una deuda inadmisible del Congreso con la sociedad argentina la demora, a esta altura de tres décadas, en sancionar una nueva ley de coparticipación como lo estableció la reforma constitucional de 1994.
Si una mayoría electoral hiciera saber en octubre que está dispuesta a que el país vuelva a la sinrazón y a la juridicidad imperante al 9 de diciembre de 2023, no habría muchas esperanzas para que la Argentina se inserte a breve plazo en la dirección que le reclama el mundo, azorado por la obstinación incomprensible con la que aquí se han destruido bienes y empobrecido a la población. En aquel caso, el nivel de exacción contributiva a la que se somete en la actualidad al campo sería, en la mejor de las hipótesis, un límite seguramente infranqueable. A esto deben sumarse los despropósitos fiscales de provincias y municipios como los de la provincia de Buenos Aires, que acentúan la gravedad del cuadro que afecta de por sí, entre gravámenes provinciales y tasas desproporcionadas a los servicios que prestan tantos municipios, la situación de los productores agropecuarios.
La propuesta de FADA especifica una reducción paulatina de alícuotas en los derechos de exportación hasta llegar a cero en cuatro años. Entretanto, propone emitir un título en dólares, con la denominación de “bodex”, que pueda ser utilizado como crédito para el pago de futuros impuestos o, alternativamente, para servir de forma transferible en mercados secundarios. Sugiere que el “bodex” sea amortizable en 5 cuotas del 20 por ciento a partir del quinto año y tenga una tasa del 5% anual.
El Banco Mundial ha dicho que las retenciones sobre exportaciones superiores al 0,5% del PBI solo rigen aquí y en Rusia, Kazajistán, Costa de Marfil e Islas Salomón. Seguramente no hay muchas más cuestiones en común con estos países.
