En las localidades limites con el Río Uruguay, en Corrientes, se traza un cordón vital para la producción ganadera y desde hace tiempo el aire viene siendo enrarecido. Desde Gobernador Virasoro, Alvear, La Cruz y Paso de los Libres —pilares históricos del desarrollo correntino— pasando por Mercedes y Curuzú Cuatiá hace tiempo viene siendo escenario de una tensión silenciosa que trasciende el hecho delictivo para instalarse en el terreno de la crisis institucional. Las noticias recientes que inundaron los medios locales hace que, como profesionales del derecho, no debemos permanecer ajenos a una realidad donde la norma escrita parece haber perdido su fuerza coercitiva frente a la dinámica del despojo.
El robo o hurto de ganado, en esta región ha dejado de ser el "delito de oportunidad" para transformarse en una estructura organizada que desafía las bases mismas del contrato social. Cuando un productor sufre la sustracción de su hacienda, no solo está perdiendo un activo biológico; está frente a la pulverización de su seguridad jurídica junto a todo el esfuerzo que eso le costó, incluso por generaciones.
Desde la óptica constitucional, el derecho de propiedad consagrado en el Artículo 17 no es una mera expresión de deseos, sino una obligación de resultado para el Estado. Sin embargo, hoy en Corrientes, este derecho se encuentra vulnerado. El impacto económico es devastador, pero el impacto moral de la impunidad es lo que termina por desarticular el tejido productivo. La recurrencia de los hechos sugiere una logística que solo puede prosperar allí donde el control estatal se ha vuelto ausente, ciego, o peor aún, donde la indiferencia se ha institucionalizado.
El exceso de ritualismo: El Proceso como Obstáculo
Uno de los puntos más críticos que observamos desde la práctica jurídica es la metamorfosis de la Justicia en un sistema de ritualismo excesivo que en su afán por cumplir con formas procesales muchas veces vacías de contenido material, termina por revictimizar al productor.
Es común que en el expediente la coma, el plazo y la formalidad técnica prevalezca sobre la verdad de los corrales cada vez mas vacíos o por el contrario cuando la celeridad va de la mano de actos con cierta imagen de legalidad pero que el fondo queda muy lejos de la verdad real que en definitiva debe proteger la justicia. Cuando el proceso judicial se vuelve un laberinto de requisitos burocráticos, se produce lo que en derecho conocemos como una denegación de justicia encubierta. Una justicia que se venda los ojos para no ver la asimetría de recursos entre el infractor —muchas veces amparado por estructuras de poder local— y el productor que debe abandonar sus tareas para peregrinar por fiscalías y juzgados, es una justicia que ha dimitido de su función social.
La lentitud procesal no es un defecto administrativo menor; es una herramienta de impunidad. Un proceso contra el patrimonio del productor que se dilata años, perdiendo pruebas fundamentales y permitiendo que los autores mantengan su plena capacidad de acción, actúa como un perdón de hecho.
El ritualismo, en este contexto, se convierte en el refugio perfecto para la perdida patrimonial de quienes con esfuerzo y trabajo vienen afrontando todos los riesgos propios del giro económico y comercial de la ganadería y que mueven la economía de la provincia en un alto porcentaje.
La Deuda de la "Tutela Judicial Efectiva"
El concepto de Tutela Judicial Efectiva implica que el Estado debe proveer no solo tribunales abiertos, sino soluciones reales y oportunas, sin embargo para la gravisima situación en la que se encuentran los productores ganaderos en nuestra provincia, este principio parece ser una quimera. La distancia entre el escritorio judicial y la realidad del campo es hoy un abismo.
La falta de una política clara para la zona —que incluya desde la trazabilidad de la carne hasta el control efectivo de las rutas — demuestra una falla en la coordinación de los poderes públicos. No se trata solo de la policía que no patrulla o del fiscal que no actúa; se trata de una maquinaria estatal que, por acción u omisión, ha permitido que el productor se sienta un ciudadano de segunda categoría, completamente desamparado y desprotegido.
La sospecha de connivencia que sobrevuela en muchas de nuestras comunidades rurales no nace del capricho, sino de la observación de una realidad donde el delincuente parece conocer los tiempos y las debilidades del sistema mejor que la propia autoridad. Esta percepción de "zona liberada" erosiona la confianza en las instituciones democráticas y empuja a la sociedad hacia situaciones de desesperación que el sistema estatal debería prevenir.
La Responsabilidad del Estado por Omisión
Desde el derecho administrativo y civil, debemos recordar que el Estado es responsable por la "falta de servicio". Cuando la inseguridad se vuelve crónica y la justicia se torna inoperante, el Estado incumple su deber primario. Los productores aledañas no están pidiendo privilegios, están exigiendo la presencia real y efectiva del estado, exigen orden y justicia.
La justicia con los ojos vendados debe ser un símbolo de imparcialidad, no de ceguera ante la evidencia. Se Necesita que el Ministerio Público y el Poder Judicial abandonen la comodidad del despacho y entiendan la urgencia del territorio. La cadena de comercialización ilegal de carne, el mercado negro que moviliza millones de dolares, requiere una investigación que, incluso, cruce fronteras departamentales.
Conclusión: El Retorno al Estado de Derecho
Para que Corrientes siga siendo una potencia ganadera, el productor necesita algo más que buenos precios o clima favorable, necesita Paz Social. Y la paz social es hija directa de la Justicia. No hay producción posible bajo el régimen del despojo, del miedo y la desprotección.
Es imperativo que el sistema legal evolucione hacia una mayor agilidad, eliminando los resabios de un ritualismo que solo beneficia a quien infringe la ley. La ley debe ser un escudo para el hombre de bien y una espada para el delincuente, y no —como parece ser por momentos en nuestra querida provincia— un laberinto donde solo se pierde el que busca justicia.
La recuperación de la seguridad rural entre otros es la gran asignatura pendiente. Como profesionales del derecho, nuestra misión es no ser indiferentes frente a estas grietas en el sistema y exigir que la balanza de la justicia recupere su equilibrio, antes de que el silencio y la indiferencia conviertan a nuestro campo en otro desierto improductivo para Corrientes.
Por Silvia Zarza
Abogada Unne. Especialista en derecho previsional
Planificación patrimonial y sucesoria
Especial para El Litoral
