Al analizar cada una de las normas que serán eliminadas en la Ley de Hojarascas, se advierte que, en la mayoría de los casos, subyace algún mecanismo burocrático destinado a controlar el acatamiento de una regulación o a medir, definir y supervisar las sanciones aplicadas a quienes la incumplen. En este sentido, esta propuesta contribuirá a simplificar la vida cotidiana y la actividad laboral de los argentinos y achicar el aún voluminoso aparato estatal.
El Poder Ejecutivo ha enviado nuevamente al Congreso un proyecto de ley de derogación de legislación obsoleta. El anterior con el mismo fin, enviado en 2024, no fue tratado y perdió estado parlamentario. La iniciativa tiene origen en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, quien se refiere a esta norma como “ley hojarasca”. Su propósito es derogar leyes y decretos formalmente vigentes, pero que han caído en desuso o impracticabilidad, o que están en conflicto con un objetivo de desregulación y eliminación de trabas a la libertad individual. La palabra hojarasca, que se refiere literalmente a hojas caídas, no refleja correctamente el caso, ya que lo que se propone limpiar son normas vigentes. Son hojas que están todavía en el árbol.
Esta loable norma dispone derogar 63 leyes y dos decretos. En el caso de otras cinco leyes solo deroga o modifica algunos de sus artículos. Alrededor de un tercio de las que se pretenden derogar tienen actualmente solo una presencia meramente virtual, ya sea porque dejó de existir el motivo que las originó o porque un cambio tecnológico las convirtió en obsoletas o inaplicables. Entre estos casos se encuentran situaciones pintorescas como la de la ley 94 de 1864, que dice que “todo el que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar algún individuo de cualquier clase o condición que fuere será declarado inhábil para ejercer ningún empleo nacional durante diez años, sin perjuicio de las acciones a que diere lugar la gravedad del hecho”. O también la ly 448, que ha pasado inadvertida para los ambientalistas, ya que establece un premio de 25.000 pesos fuertes “en metálico” a quien descubra una mina de carbón. Cabe mencionar otros casos llamativos, casi escondidos en los pliegos de nuestra legislación. Por ejemplo, la 22.964 sobre salud pública, que obliga a la internación y aislamiento de enfermos de lepra y dispone hacerlo por la fuerza en caso de negativa. Pero los otros dos tercios, o sea la mayor parte de la legislación que se deroga, está en terreno de la innecesaria intervención estatal y el gasto superfluo. Un ejemplo que refleja la liviandad y ausencia de altas miras de los legisladores de cierta época es la 20.984, de 1975, que creó el Círculo de Legisladores Nacionales, una suerte de gremio o sociedad de socorros mutuos, sin distinción de color político o ideología, pero con el común interés de conservar prebendas, en particular la jubilación de privilegio. La ley de hojarasca no eliminará esta criatura, pero suprimirá los dos artículos que establecen su sostenimiento por el Tesoro Nacional.
El principio general debe ser el someter a un análisis con miras a eliminar todas las regulaciones que no tienen justificación en razones ciertas de salud o seguridad, y sostener solo las que tengan una justificación demostrable en una sociedad libre y una economía de mercado abierta y competitiva. Cuando la regulación responda a una situación excepcional y transitoria, deberá definirse un plazo de vigencia determinado. La experiencia argentina es abundante en regulaciones que se introdujeron como ocasionales, pero que crearon y consolidaron privilegios e ineficiencias que luego lograron transformar lo ocasional en perdurable.
Al revisar una por una las leyes que se derogarán se observa que, detrás de la mayoría de ellas, hay algún dispositivo burocrático para inspeccionar el cumplimiento de una regulación o para evaluar, dimensionar y vigilar la penalización de quienes no la cumplan. La ley de hojarasca, por lo tanto, no solo facilitará la vida y el trabajo de los argentinos, sino también posibilitará reducir el todavía elefantiásico aparato estatal y el gasto público.
De esta forma se hará posible reducir impuestos de manera genuina, sin tener que caer en déficit fiscal ni endeudamiento.
