A partir del 1° de enero de 2026, Argentina implementará un cambio histórico en el sistema de identificación del ganado: la trazabilidad electrónica será obligatoria para bovinos, búfalos y equinos, mientras que seguirá siendo optativa para ovinos, caprinos, porcinos y camélidos. El Gobierno nacional sostiene que la medida busca alinear estándares con los mercados más competitivos del mundo, aunque desde el sector productivo advierten sobre los costos y la falta de gradualidad.
En diálogo con Hoja de Ruta, Pablo Sánchez, vicepresidente de CRA e integrante de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, explicó los alcances del cambio y el impacto que tendrá sobre los productores.
El sistema actual será reemplazado por un botón electrónico con chip, acompañado por una segunda caravana visual. Cada animal tendrá una identificación única que podrá ser leída digitalmente.
Según Sánchez, el objetivo central es reducir los errores humanos en la transcripción de registros: “Lo que se va a hacer es reemplazar el sistema actual por un botón con chip que se lee con un bastón digital. Al hacerse todo digital se elimina el margen de error del paso a papel”, explicó.
Sin embargo, el costo genera preocupación. La caravana nueva rondará entre 1,20 y 1,30 dólares por unidad, frente a los 0,20 centavos del sistema viejo.
“Tiene un costo varias veces mayor. Cuando hay volumen de hacienda, eso pesa”, señaló.
Desde 2026, ningún animal podrá moverse sin estar identificado con el nuevo sistema. “Los productores no van a tener la opción de esperar hasta el movimiento. Toda la hacienda debe salir identificada”, afirmó Sánchez.
En terneros, el trazado deberá realizarse antes del primer movimiento o antes del cambio de categoría. Con los años, se completará el rodeo.
El Gobierno nacional fundamenta la medida en la necesidad de cumplir estándares internacionales. La trazabilidad será clave para acceder a mercados de alta exigencia sanitaria y ambiental, especialmente en un contexto global donde avanza la normativa de “ganadería libre de deforestación”.
Sánchez reconoce que esto puede abrir puertas: “Mercados como Japón y Corea todavía no se abrieron para Argentina, y Uruguay —que sí tiene trazabilidad electrónica— ya accede. Si eso se materializa, debería redundar en un rédito económico para los productores”, dijo.
No obstante, insistió en que el sector había pedido una implementación más flexible: “Nunca nos opusimos al sistema, pero sí a la obligatoriedad. Si hay un rédito, el productor entraría solo. Hoy es una imposición y hay que allanarse”, expresó.
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