Los poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Corrientes conciliaron una solución para una familia de la capital considerada en "vulnerabilidad extrema", con seis niños y graves problemas de vivienda, alimentación y salud, explicaron fuentes del caso.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Horacio Ortega, y el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, atendido por Carolina Macarrein, arbitraron a través de una medida judicial la ayuda a una familia del barrio Quilmes de esta capital, que vive en la ribera del río Paraná en condiciones de extrema vulnerabilidad por el grado de indigencia.
La familia integra a seis niños de entre 7 años y cinco meses de edad, algunos de ellos con enfermedades sin tratamiento, junto a sus progenitores que requieren una solución "urgente" a carencias básicas, como mejoramiento del resguardo en el que habitan y provisión de servicios básicos, desde la alimentación y medicamentos, hasta agua potable.
En ese sentido, la jueza Macarrein había dictado un auto fundado con orden de asistencia, dirigido al Poder Ejecutivo de la Provincia, en el que requería para esta familia una ayuda equiparable al monto de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida, que no tiene carácter de sentencia, fue revocado por la propia magistrada.
Esto es así, dado que la Fiscalía de Estado formuló una propuesta de ayuda consistente en una serie de aportes de diverso tipo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas damnificadas, que en efecto superaba lo requerido por la jueza Macarrein, según explicaron fuentes del caso.
COMUNICADO OFICIAL DE LA FISCALÍA DE ESTADO
A continuación se transcribe textualmente el comunicado oficial de la Fiscalía de Estado sobre el tema:
La Fiscalía de Estado de Corrientes volvió a demostrar su rol fundamental en la defensa del patrimonio público y la institucionalidad. Con una presentación contundente, consiguió revertir la Resolución N° 252 dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que obligaba al Gobierno provincial a abonar un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a una familia en concepto de cuota alimentaria.
El fallo, que ponía en riesgo los recursos de todos los correntinos y abría la puerta a un precedente de alto impacto contra el erario público, fue oportunamente impugnado por los abogados de la Fiscalía, quienes dejaron en claro que el Estado provincial ya garantiza la asistencia social, psicológica y económica a las familias en situación de vulnerabilidad mediante múltiples programas oficiales.
Gracias a las pruebas y argumentos presentados, la magistrada debió dar marcha atrás, reconociendo que el Gobierno de Corrientes sí cumple con su deber de acompañar a quienes atraviesan situaciones de emergencia social, y revocando el apercibimiento que había impuesto bajo amenaza de exponer públicamente al Estado.
Defensa de la institucionalidad y de los más vulnerables
La decisión de la jueza, notificada apenas cinco días antes de las elecciones provinciales, contenía expresiones de fuerte presión hacia el Gobierno, con el riesgo de exponer a menores de edad y revictimizarlos ante la opinión pública. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía de Estado no solo evitó este atropello, sino que también reafirmó el camino institucional: la protección de los derechos de los niños y la asistencia de las familias debe darse a través de los canales oficiales y de los programas sociales vigentes.
En este sentido, el Gobierno provincial ya había demostrado un acompañamiento constante a la familia involucrada mediante la Tarjeta Sapukay, el Programa Integral de Asistencia a la Comunidad en Riesgo, la Tarifa Social de Agua, el Programa Alimentario Provincial y la Garrafa Social, entre otros beneficios.
Un nuevo triunfo judicial
Con esta resolución, la Fiscalía de Estado vuelve a consolidar su papel como resguardo jurídico de los recursos provinciales y de la legalidad de las políticas públicas. No es la primera vez que logra frenar intentos judiciales que exceden las competencias legales: en un antecedente reciente (Expediente 251575/23), la misma jueza había pretendido imponer el pago de un SMVM en otro caso de alimentos, y nuevamente la Fiscalía logró que se revoque la medida.
Este nuevo resultado confirma el compromiso indeclinable del Estado provincial en dos frentes: proteger los fondos públicos de medidas arbitrarias y garantizar que la asistencia social llegue a quienes más lo necesitan, dentro del marco de la ley y de los programas institucionales vigentes.
