La Fiscalía de Estado de Corrientes logró revertir la Resolución N° 252 de la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que ordenaba al Gobierno provincial abonar un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a una familia en concepto de cuota alimentaria.
El fallo, dictado apenas cinco días antes de las elecciones provinciales, generaba un riesgo para los fondos públicos y abría la puerta a un precedente judicial de alto impacto contra las arcas del Estado. La Fiscalía impugnó de inmediato la medida, dejando en claro que la Provincia ya garantiza asistencia social, psicológica y económica a las familias en situación de vulnerabilidad a través de múltiples programas oficiales.
Gracias a la presentación realizada, la magistrada dio marcha atrás y revocó el apercibimiento que había impuesto bajo amenaza de exponer públicamente al Estado.
Defensa de la institucionalidad y de los más vulnerables
La resolución cuestionada incluía expresiones de presión hacia el Gobierno provincial, con el riesgo de exponer a menores de edad y revictimizarlos ante la opinión pública. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía reafirmó que la protección de los derechos de los niños y la asistencia a las familias debe canalizarse exclusivamente a través de los programas sociales vigentes.
En este caso, el Gobierno provincial ya venía acompañando a la familia involucrada mediante beneficios como la Tarjeta Sapukay, el Programa Integral de Asistencia a la Comunidad en Riesgo, la Tarifa Social de Agua, el Programa Alimentario Provincial y la Garrafa Social, entre otros.
Un nuevo triunfo judicial
Este no es el primer antecedente. En el expediente 251575/23, la misma jueza había intentado imponer al Estado el pago de un SMVM en otro caso de alimentos, y nuevamente la Fiscalía de Estado consiguió que la medida sea revocada.
Con esta resolución, el organismo consolida su papel como resguardo jurídico de los recursos provinciales, garantizando que la asistencia social llegue a quienes la necesitan, pero dentro de la legalidad y el marco institucional.
De esta manera, el Estado provincial reafirma su compromiso indeclinable en dos frentes: proteger los fondos públicos frente a medidas arbitrarias y asegurar que la ayuda llegue efectivamente a los sectores más vulnerables.
