El Gobierno da por perdida la votación de los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario en el Congreso y planea dilatar la aplicación de las leyes. El Ejecutivo asegura que buscará postergar la erogación de fondos que indican los documentos para el próximo período presupuestario.
En la Casa Rosada califican de “irremontable” a la cantidad de votos en contra de los rechazos del presidente en la Cámara de Diputados -que tratará hoy ambas leyes- y descartan tener la posibilidad de frenarlo en el Senado. El oficialismo busca focalizar las negociaciones para sostener el veto a la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Esperamos que sea una sesión rápida y que no haya disturbios”, expresan en Nación. Es por eso que el Ministerio de Seguridad instalará un vallado en las inmediaciones del Congreso y ubicará a los agentes federales detrás de las vallas para evitar contactos con los manifestantes. No aplicarán el operativo antipiquete y habilitarán la circulación por las calles.
La mesa jurídica de Balcarce 50 apunta a dilatar la aplicación de las leyes de la misma forma que evalúa hacerlo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue ratificada por el Congreso luego de su veto. El jefe de Estado habilitó su promulgación, pero ordenó que sus equipos busquen mecanismos para suspender la ejecución de los fondos.
La única definición del Gobierno es que no hará presentaciones judiciales para evitar la erogación presupuestaria, sino que apuntará a que las denuncias las hagan particulares para intentar atomizar los procesos. “Si la ley la promulgamos y no la aplicamos, lo más probable es que nos denuncien. El proceso no lo vamos a iniciar nosotros”, expresan.
El Ejecutivo apela al “impacto fiscal” de las medidas y recurre al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
La Casa Rosada insiste además en el argumento de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la “herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental” e insiste en que es atribución de Nación fijar el presupuesto general de gastos junto al cálculo de recursos de la administración.
La mesa judicial de Balcarce 50 está avanzando sobre jurisprudencia para respaldar los argumentos de la posición de Nación en los diferentes casos. La integran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos.
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