El escenario político español pone a Sánchez contra las cuerdas
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El escenario político español pone a Sánchez contra las cuerdas

El presidente logra una prórroga del estado de alarma en el congreso con una mayoría ajustada y heterogénea, comprendida por fuerzas de centroderecha y de izquierda. Es la quinta vez que el jefe de gobierno solicita esta autorización desde que el covid-19 se cebó con España, y es la ocasión en la que recibió la mayor cantidad de votos negativos: 162. El tablero político español desborda de complejidad. 

Por Leticia Quintana Pujalte
@letuquintana
Doctoranda en la línea de
Comunicación Política, Universidad de Málaga (España).

El presidente español Pedro Sánchez logró prorrogar por quinta vez el estado de alarma, una figura constitucional que le permitió controlar el desarrollo de la pandemia desde un mando único. El congreso de los diputados le dio este miércoles el ajustado visto bueno, de modo que ciertas facultades seguirán centralizadas en el Ejecutivo por otros quince días. La prolongación del confinamiento -en proceso de alivio en muchas zonas del país- provocó una serie de desencuentros que comenzaron a dibujar un nuevo escenario político en España y que, por momentos, pusieron en jaque la gobernabilidad del actual gobierno. 
Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Español (Psoe) lleva poco más de cuatro meses como jefe de gobierno, ya que luego de las elecciones generales de hace siete meses, logró los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados a partir de los cuales pudo ser investido presidente en enero de este año. En el marco de un gobierno de coalición con la formación Unidas Podemos, liderada por Pablo Iglesias -la primera gobernanza en coalición en democracia-, su nombramiento aparentaba ser el fin de una etapa de inestabilidad política en España. Los últimos dos años incluyeron la destitución del ex presidente Mariano Rajoy en el 2018, luego de diez meses de gestión de un gobierno en funciones con el mismo Pedro Sánchez a la cabeza, y dos elecciones generales. Estas debieron repetirse, porque que en la primera jornada electoral de abril las fuerzas políticas no lograron consenso para elegir al presidente, los resultados caducaron, y se debió convocar a nuevas elecciones, que finalmente se efectuaron en noviembre del año pasado.   
Desde la explosión de la crisis sanitaria, el jefe del gobierno tuvo que solicitar al Congreso la autorización para poner en marcha una serie de medidas que, aunque amparadas en la Constitución, generaron urticaria en los frentes políticos. Desde la primera solicitud del establecimiento del estado de alarma el 14 de marzo, cuando logró 321 votos a favor, hasta la renovación de este miércoles, que logró con solo 177 a favor, 162 en contra y 11 abstenciones, el gobierno perdió el apoyo incluso de aliados que lo llevaron a la presidencia a principios de año, como es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña (ECR); y recibió despiadadas críticas desde todos los frentes. Cuando la cuestión sanitaria parece ir camino a estar bajo control, la disputa política retoma impulso. 
El estado de alarma implica la conducción de mando único desde el gobierno central, y esa cuestión en un país cuyo territorio se destaca por ser uno de los más descentralizados del mundo, genera, por lo menos, debate. Luego de someterse a una revisión respecto de su respuesta a la pandemia cada 15 días desde mediados de marzo, el oficialismo planteó la necesidad de solicitar la continuidad por al menos un mes, hasta el 25 de junio. Esto suscitó un revuelo en las fuerzas políticas, especialmente en la derecha representada por el Partido Popular (PP), y la extrema derecha del nuevo partido Vox, quienes comenzaron una campaña de desestabilización y de exigencia de relajamiento de las medidas de confinamiento. Los escraches en las casas de algunos funcionarios del gobierno y los cacerolazos en zonas de Madrid, Zaragoza y Sevilla, caldearon la inestabilidad en los últimos diez días. 
Una cuestión clave en la crispación política fue el desarrollo del plan de desescalada de la cuarentena propuesto por el gobierno, que no incluyó en las medidas de relajación a regiones de comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos contrarios al oficialismo, como Madrid o Andalucía (Málaga y Granada), sumadas a regiones de Cataluña y Valencia. Las denuncias por la falta de transparencia y las acusaciones del manejo autoritario de parte del gobierno de Sánchez fueron tema recurrente, y pusieron en duda que las decisiones tomadas hayan tenido un criterio estrictamente sanitario. 
En este contexto, después de varias negociaciones con distintas fuerzas políticas, para esta quinta prórroga del estado de alarma que en principio era de un mes, pero que finalmente será de quince días, Pedro Sánchez aseguró el voto positivo de la formación Ciudadanos, partido de centro derecha que desde marzo estrena conducción femenina. Inés Arrimadas, flamante presidenta del partido, apoyó sorpresivamente el pasado 6 mayo la continuidad del estado de alarma. En esa jornada, sentó una posición de centro que benefició ante la opinión pública a un partido que parecía ya calcinado, luego de la estrepitosa caída en las últimas elecciones generales, cuando el anterior representante de la formación, Albert Rivera, perdió cuarenta y seis escaños, llevando a la entonces tercera fuerza política al sexto lugar con solo diez diputados en el congreso.
El diálogo logró también otro apoyo clave, el Partido Nacionalista Vasco. De centro-izquierda, el PNV fue uno de los aliados clave -junto a ERC- para que el Psoe y Unidas Podemos pudiesen armar el actual gobierno de coalición que gobierna España. Luego de los ataques públicos que ha recibido el Ejecutivo en los últimos días, parecía improbable que Sánchez y su equipo lograsen el apoyo para la continuidad del estado de alarma de parte de formaciones tan distantes ideológicamente como Ciudadanos y PNV. Sin embargo, la capacidad negociadora parece haber primado, y Sánchez sale fortalecido en esta nueva votación. 
No sin haber recibido varios golpes, ya que las formaciones que lo apoyaron, arrinconaron al gobierno con duras críticas, y aseguraron que el “sí” no significa una carta blanca que le dé competencias más allá del control de la epidemia en España. 
La aprobación que le dio el Congreso le permitirá seguir con las restricciones a la libre movilidad de los ciudadanos y la toma de decisiones de modo centralizado, pero en cuestiones que tengan que ver solo con lo sanitario. Ya no participarán del mando único las áreas de Defensa, Transporte e Interior; además, Sánchez prometió intensificar la cogobernanza con las Comunidades Autónomas, que recuperarán poco a poco el pleno sus facultades 
En la lucha por el control de la enfermedad en España y sus efectos, la dimensión política libra su propio combate. El enroque salvó esta vez del jaque al gobierno de Sánchez, y habrá que esperar solo un par de días, cuando se vote en el Congreso una nueva renovación del estado de alarma, para conocer cuáles serán los nuevos movimientos en el cambiante tablero político español.

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El escenario político español pone a Sánchez contra las cuerdas

El presidente logra una prórroga del estado de alarma en el congreso con una mayoría ajustada y heterogénea, comprendida por fuerzas de centroderecha y de izquierda. Es la quinta vez que el jefe de gobierno solicita esta autorización desde que el covid-19 se cebó con España, y es la ocasión en la que recibió la mayor cantidad de votos negativos: 162. El tablero político español desborda de complejidad. 

Por Leticia Quintana Pujalte
@letuquintana
Doctoranda en la línea de
Comunicación Política, Universidad de Málaga (España).

El presidente español Pedro Sánchez logró prorrogar por quinta vez el estado de alarma, una figura constitucional que le permitió controlar el desarrollo de la pandemia desde un mando único. El congreso de los diputados le dio este miércoles el ajustado visto bueno, de modo que ciertas facultades seguirán centralizadas en el Ejecutivo por otros quince días. La prolongación del confinamiento -en proceso de alivio en muchas zonas del país- provocó una serie de desencuentros que comenzaron a dibujar un nuevo escenario político en España y que, por momentos, pusieron en jaque la gobernabilidad del actual gobierno. 
Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Español (Psoe) lleva poco más de cuatro meses como jefe de gobierno, ya que luego de las elecciones generales de hace siete meses, logró los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados a partir de los cuales pudo ser investido presidente en enero de este año. En el marco de un gobierno de coalición con la formación Unidas Podemos, liderada por Pablo Iglesias -la primera gobernanza en coalición en democracia-, su nombramiento aparentaba ser el fin de una etapa de inestabilidad política en España. Los últimos dos años incluyeron la destitución del ex presidente Mariano Rajoy en el 2018, luego de diez meses de gestión de un gobierno en funciones con el mismo Pedro Sánchez a la cabeza, y dos elecciones generales. Estas debieron repetirse, porque que en la primera jornada electoral de abril las fuerzas políticas no lograron consenso para elegir al presidente, los resultados caducaron, y se debió convocar a nuevas elecciones, que finalmente se efectuaron en noviembre del año pasado.   
Desde la explosión de la crisis sanitaria, el jefe del gobierno tuvo que solicitar al Congreso la autorización para poner en marcha una serie de medidas que, aunque amparadas en la Constitución, generaron urticaria en los frentes políticos. Desde la primera solicitud del establecimiento del estado de alarma el 14 de marzo, cuando logró 321 votos a favor, hasta la renovación de este miércoles, que logró con solo 177 a favor, 162 en contra y 11 abstenciones, el gobierno perdió el apoyo incluso de aliados que lo llevaron a la presidencia a principios de año, como es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña (ECR); y recibió despiadadas críticas desde todos los frentes. Cuando la cuestión sanitaria parece ir camino a estar bajo control, la disputa política retoma impulso. 
El estado de alarma implica la conducción de mando único desde el gobierno central, y esa cuestión en un país cuyo territorio se destaca por ser uno de los más descentralizados del mundo, genera, por lo menos, debate. Luego de someterse a una revisión respecto de su respuesta a la pandemia cada 15 días desde mediados de marzo, el oficialismo planteó la necesidad de solicitar la continuidad por al menos un mes, hasta el 25 de junio. Esto suscitó un revuelo en las fuerzas políticas, especialmente en la derecha representada por el Partido Popular (PP), y la extrema derecha del nuevo partido Vox, quienes comenzaron una campaña de desestabilización y de exigencia de relajamiento de las medidas de confinamiento. Los escraches en las casas de algunos funcionarios del gobierno y los cacerolazos en zonas de Madrid, Zaragoza y Sevilla, caldearon la inestabilidad en los últimos diez días. 
Una cuestión clave en la crispación política fue el desarrollo del plan de desescalada de la cuarentena propuesto por el gobierno, que no incluyó en las medidas de relajación a regiones de comunidades autónomas gobernadas por partidos políticos contrarios al oficialismo, como Madrid o Andalucía (Málaga y Granada), sumadas a regiones de Cataluña y Valencia. Las denuncias por la falta de transparencia y las acusaciones del manejo autoritario de parte del gobierno de Sánchez fueron tema recurrente, y pusieron en duda que las decisiones tomadas hayan tenido un criterio estrictamente sanitario. 
En este contexto, después de varias negociaciones con distintas fuerzas políticas, para esta quinta prórroga del estado de alarma que en principio era de un mes, pero que finalmente será de quince días, Pedro Sánchez aseguró el voto positivo de la formación Ciudadanos, partido de centro derecha que desde marzo estrena conducción femenina. Inés Arrimadas, flamante presidenta del partido, apoyó sorpresivamente el pasado 6 mayo la continuidad del estado de alarma. En esa jornada, sentó una posición de centro que benefició ante la opinión pública a un partido que parecía ya calcinado, luego de la estrepitosa caída en las últimas elecciones generales, cuando el anterior representante de la formación, Albert Rivera, perdió cuarenta y seis escaños, llevando a la entonces tercera fuerza política al sexto lugar con solo diez diputados en el congreso.
El diálogo logró también otro apoyo clave, el Partido Nacionalista Vasco. De centro-izquierda, el PNV fue uno de los aliados clave -junto a ERC- para que el Psoe y Unidas Podemos pudiesen armar el actual gobierno de coalición que gobierna España. Luego de los ataques públicos que ha recibido el Ejecutivo en los últimos días, parecía improbable que Sánchez y su equipo lograsen el apoyo para la continuidad del estado de alarma de parte de formaciones tan distantes ideológicamente como Ciudadanos y PNV. Sin embargo, la capacidad negociadora parece haber primado, y Sánchez sale fortalecido en esta nueva votación. 
No sin haber recibido varios golpes, ya que las formaciones que lo apoyaron, arrinconaron al gobierno con duras críticas, y aseguraron que el “sí” no significa una carta blanca que le dé competencias más allá del control de la epidemia en España. 
La aprobación que le dio el Congreso le permitirá seguir con las restricciones a la libre movilidad de los ciudadanos y la toma de decisiones de modo centralizado, pero en cuestiones que tengan que ver solo con lo sanitario. Ya no participarán del mando único las áreas de Defensa, Transporte e Interior; además, Sánchez prometió intensificar la cogobernanza con las Comunidades Autónomas, que recuperarán poco a poco el pleno sus facultades 
En la lucha por el control de la enfermedad en España y sus efectos, la dimensión política libra su propio combate. El enroque salvó esta vez del jaque al gobierno de Sánchez, y habrá que esperar solo un par de días, cuando se vote en el Congreso una nueva renovación del estado de alarma, para conocer cuáles serán los nuevos movimientos en el cambiante tablero político español.