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/Ellitoral.com.ar/ Actualidad

Soto Dávila denunció un "pacto de impunidad" entre funcionarios y narcos

La querella fue presentada este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Apunta al juez Sergio Torres, el fiscal Carlos Stornelli, el jefe de la Procunar, gendarmes y un abogado.

El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila denunció este miércoles en tribunales de Buenos Aires al juez Sergio Torres, el fiscal Carlos Stornelli y el procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, de generar un “pacto de impunidad” con narcotraficantes correntinos, destinado a implicarlo en supuestos hechos delictivos, informaron fuentes judiciales a ellitoral.com.ar.

La acusación de Soto Dávila fue dirigida también al jefe de Drogas Peligrosas de Gendarmería en 2018, Raúl Contreras, los oficiales de Gendarmería Hernán González y Valeria Osorio, y el abogado Rodrigo González.

Con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, la denuncia se radicó durante la mañana del miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde fue a sorteo y aguardan que recaiga en un juzgado y una fiscalía.

El ex juez correntino imputó al actual integrante de la corte bonaerense Sergio Torres, a Stornelli e Iglesias de “haber pactado la impunidad del narcotraficante Federico ´Morenita´ Marín a cambio de que declarara” en contra suyo de sus secretarios Federico Grau y Pablo Molina.

De acuerdo con el escrito, el objeto de esa supuesta maniobra era complicarlo en una causa de presuntos beneficios para contrabandistas de drogas que tramitaban causas en su estrado de la capital correntina.

Asimismo, Barcesat indicó que las autoridades omitieron “intencionalmente” investigar a funcionarios de Corrientes.

Al abogado González y a Stornelli el abogado los acusó  de “haber presionado” al ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, cuando estaba detenido en la causa del operativo Sapucay, “a fin de que acusara al ex juez Soto Dávila, haciéndolo permanecer una noche en la Alcaidía de Comodoro Py a fin de ´ablandarlo´“.

A los oficiales  de Gendarmería González y Osorio, tanto como al jefe de Drogas Peligrosas de esa fuerza en 2018, Raúl Contreras, los acusó de “haberle propuesto, los tres, en reiteradas ocasiones, a Juan Manuel Faraone que declarara contra Soto Dávila y que si así lo hacía su hija -también detenida- iba a recuperar la libertad y podía casarse como tenía previsto en ese año”.

De acuerdo con lo denunciado, esos actos de presión se habrían desarrollado en la sede central de la Gendarmería “cuando el nombrado Faraone estuvo alojado allí luego de llegar detenido desde la Provincia de Corrientes y antes de ser llevado al tribunal en Comodoro Py para su indagatoria”.

 

 

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