Una reforma judicial desdibujada

Por Néstor Pedro 

Braillard Poccard

Senador nacional

por Corrientes.

La pandemia no sólo está presente entre nosotros. Todo indica que, pese al esfuerzo y anhelo por superarla (en nuestro país y en el mundo), tiende a amplificarse. Las estadísticas muestran números crecientes de contagios y fallecimientos. El personal de salud sigue siendo una de las principales víctimas. Pero los afectados también se cuentan por cientos de miles en el terreno económico. Este fenómeno tuvo un impacto brutal en comercios, industrias, trabajadores de empresas, profesionales y cuentapropistas. Todo esto resulta en un contexto de angustia, ansiedad, nerviosismo, tensión generalizada, o agotamiento, en muchos casos. En semejante escenario, entonces, no es antojadizo preguntarse ¿Es urgente asumir el desgaste de una reforma judicial que buena parte de la población califica de “polémica”, en el mejor de los casos?

Como legisladores, como dirigentes políticos tenemos como una de muchas prioridades el buscar la calma de nuestros representados cuando existe irritación. Por eso, no se trata únicamente de ponerse a legislar o tomar medidas que creemos más o menos necesarias. Esa tarea debe estar marcada por un atinado sentido de la oportunidad que surge de la lectura de cada coyuntura, de la apreciación del estado de ánimo de una sociedad. Y, por lo expuesto más arriba, está claro que el de la nuestra sociedad dista de ser ideal.

Las mejores iniciativas, muchas veces han resultado en un estrepitoso fracaso por caer en apresuramientos. Con la salvedad de que, en este hecho puntual, buena parte de la sociedad descree que la propuesta impulsada por el Gobierno nacional sea virtuosa.

Apresurar o, mejor dicho, forzar su aprobación empujará a los ciudadanos a involucrarse en un debate ya de por sí exaltado cuando su humor no es el mejor. Pero, por sobre todas las cosas, puede sembrar en muchos ciudadanos la idea de que la urgencia responde a otras prioridades, antes que a la genuina búsqueda de mejorar la administración de Justicia que un país debe darse.

Y justamente, al tratarse el proyecto en cuestión de uno que va a modificar a uno de los tres poderes del Estado en los que se organiza nuestra Nación, el tema se vuelve aún más delicado. En estos casos, quien suscribe, sostiene que determinadas transformaciones no deben darse por la simple imposición de (valga la redundancia) una mayoría simple.

Hay cambios, por su perdurabilidad en el tiempo, sus alcances en la vida de las instituciones, que deben lograrse por un consenso amplio. Una suma de voluntades que no genere dudas en la sociedad de las buenas intenciones en los objetivos perseguidos con ese cambio. Que impida toda clase de objeción para dar a esa transformación la solidez que demanda.

Y cuestionar la necesidad presente de este debate no implica desconocerlo totalmente. No vamos a negar desde aquí que es necesario revisar aspectos del Poder Judicial. En la opinión pública también sobrevuela la percepción de que hay cierta pérdida de prestigio en nuestras instituciones y la judicial es una de las más ensombrecidas por esa mirada de El Soberano.

Pero está claro que hoy esa misma ciudadanía está atravesada por urgencias y demandas más acuciantes. Y el país (como organización político territorial) también. Todas sus variables macroeconómicas están en rojo, en buena medida (es cierto) por las circunstancias descriptas al comienzo de esta nota. Con compromisos externos que con mucha dificultad y, vale la pena remarcar, con el enfático apoyo de la oposición el Gobierno nacional afronta en dura negociación.

Tampoco resulta desubicado entonces, con este horizonte de necesidad económica, inquirir… ¿Cuánto cuesta esta reforma? Quien esto escribe insistió en este punto durante los debates de Comisiones en el Senado de la Nación. 

Si bien se informó una cifra, está claro que la eventual aprobación de esta reforma judicial, como está planteada, y sin entrar en muchísimos aspectos de índole práctica muy objetables, como la duplicación de juzgados en algunos distritos, conllevará antes, durante y después el desvío de ingentes recursos de un Estado que los necesita de modo casi desesperante para otros destinos.

Esto nos permite afirmar que, como está planteada la iniciativa y sus circunstancias, #AsíNoSeráJusticia.