Sin duda, el mundo está sufriendo un colapso en materia ambiental, incluyendo el calentamiento global, la deforestación y la contaminación por residuos, particularmente plásticos. En tal contexto, los países desarrollados adoptan políticas para avanzar hacia una economía circular de ese material, evitar su descarte y mantener su valor en el tiempo, prolongando su vida útil.
Al respecto, el Poder Ejecutivo Nacional elevó al Congreso un proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y el reciclado inclusivo, que, en un sospechoso trámite exprés, se encuentra listo para ser aprobado por la Cámara de Diputados antes del 10 del mes próximo, fecha en que ocurrirá la renovación parlamentaria.
El proyecto adopta el concepto de responsabilidad extendida del productor a efectos de que asuma el costo de las externalidades negativas causadas por la utilización de envases. A través del pago de una tasa, debe financiar la gestión integral de los envases introducidos por él en el mercado y de los que quedan posconsumo.
Sus defensores señalan que los impuestos verdes se utilizan en todo el mundo para paliar los efectos negativos que genera la producción en el precio que pagan los consumidores. Pero soslayan decir que en esos países los impuestos no se perciben por fuera de la recaudación ordinaria y que su gasto no es discrecional, como aquí. Detrás de los rótulos de ecología e inclusión social, que lógicamente concitan simpatías progresistas, se esconde otro potencial desvío de fondos, fuera del presupuesto, para hacer política partidaria a través de municipios amigos. Un mecanismo que jamás imaginarían los países vecinos con regímenes similares ni los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Curiosamente, el proyecto no fue refrendado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, como corresponde según el artículo 100 de la Constitución nacional, sino solamente por sus colegas de gabinete Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Juan Cabandié (Ambiente), no obstante que lo más relevante de su contenido es la creación de un nuevo impuesto denominado tasa ambiental de responsabilidad extendida del productor. Este tributo que, de sancionarse la ley, deberán pagar los productores y que “no excederá” el 3 % del precio mayorista del producto envasado, podría implicar una recaudación de 300.000 millones de pesos por año, como si el IVA hubiese sido incrementado al 24 %.
A diferencia de otros países que también utilizan los impuestos como forma de desincentivar el uso de envases, en la Argentina la recaudación no iría a rentas generales, sino a destinos poco transparentes. El llamado Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo, que se lleva el 85 % de la recaudación, tendría la forma jurídica de fideicomiso. Esa figura fue la preferida por el exministro Julio De Vido para el manejo de recursos durante su gestión (incluyendo negocios con Venezuela) como manera de “flexibilizar” la disciplina impuesta por la ley de administración financiera.
La autoridad de aplicación de la norma es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que sería también fiduciante, fideicomisario y beneficiario de sus recursos. En otras palabras, absoluta discrecionalidad para el manejo de esa nueva enorme caja de dinero, muy distinto al formato adoptado por los países que se toman como ejemplos.
Martín Guzmán sabe, o debería saber, que las empresas en la Argentina están en una posición tan debilitada que basta un empujón para liquidarlas. Con el 50 % de pobreza, no tienen mercado interno y, con el 50 % de inflación, no tienen crédito bancario. Con 1800 puntos de riesgo país, carecen de mercado de capitales y, por falta de dólares, no pueden hacer pagos al exterior ni tampoco importar. Y, debido a los impuestos al trabajo, el costo logístico y la presión fiscal, carecen de competitividad.
Según el Banco Mundial, la Argentina está primera entre los países con mayor carga fiscal, con 176 impuestos nacionales, una miríada de impuestos provinciales y tasas municipales abusivas.
El 28 del mes último se realizó la marcha cartonera “más grande del mundo” frente al Congreso, para apoyar este proyecto de ley. No hay duda de que los 150.000 recicladores que, con sus manos y esfuerzo diario, permiten recuperar gran parte de los residuos urbanos merecen tener empleos estables y dignos. Sin embargo, no parece que la forma sea vincularlos con este mecanismo de fideicomiso discrecional.
