Las empresas del Estado

El conjunto de la sociedad debe aportar diariamente unos 20 millones de dólares para cubrir las pérdidas de las empresas estatales.

Ese aporte no se traduce en mejores servicios públicos. Tampoco es todo lo que deben soportar los contribuyentes. Deben sumarse los subsidios a empresas de transporte urbano y energía que el Gobierno se ve obligado a brindar tras haberles impedido ajustar tarifas en un contexto inflacionario. Hablamos de otros 24 millones de dólares diarios.

Esta carga opera como un drenaje permanente que solo podría ser reducido mediante una adecuación de las tarifas. Aun así, es condición que los costos de las empresas prestadoras sean resultado de una operación eficiente, algo que la realidad histórica confirma como imposible. La privatización es el único camino eficaz.

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) analizó la evolución de las tarifas y los costos de las empresas estatales, medidos a moneda de valor constante, durante los últimos veinte años. El período abarca la explotación privada y luego de las reestatizaciones, la operación estatal. Hay cinco empresas o servicios que concentran el 91 % del total de las pérdidas: Trenes Argentinos, Ieasa (mercado eléctrico), Aerolíneas Argentinas, AySA y Correo Argentino. Para este conjunto, en promedio, las tarifas cayeron un 7 % en términos reales entre 2001 y 2022, mientras que los costos aumentaron un 196 % real en el mismo período. Puede así comprenderse la razón de las fuertes pérdidas actuales.

Observando lo ocurrido año por año, desde 2001 hasta hoy, surge con claridad cómo se asignan las responsabilidades. A partir de 2006, cuando la gestión Kirchner reestatizó esas empresas, y hasta 2015, las tarifas cayeron un 40 % y los costos aumentaron un 38 %, a moneda de valor constante.

Hasta 2015, las plantas de personal aumentaron sin necesidad. El populismo se hizo ver en toda su potencia. La gestión de Mauricio Macri recuperó el nivel de tarifas, pero no fue igual de efectiva en la racionalización y la reducción de los costos de dichas empresas estatales. Sí se logró achicar los subsidios en un 40 %.

Con el retorno del kirchnerismo al poder, desde 2019 las tarifas han caído un 35 % y los subsidios aumentaron un 52 %. No se ha podido concretar la intención de recuperar tarifas sin afectar al segmento de la población de menores ingresos. La segmentación ha resultado complicada y la inflación actual ha impedido reducir los subsidios.

La experiencia argentina en gestión de empresas estatales es contundente: se vuelven ineficientes y deficitarias. Fue evidente la mejora de productividad de las empresas luego de ser privatizadas en los años 90. Hubo alguna excepción, pero la indiscutible conclusión es que el Estado es un pésimo administrador, en cuyo seno prospera la corrupción. Los contribuyentes, que son finalmente los que solventan la fiesta, quedan lejos de los responsables de las pérdidas, aumentando así el espacio para la improvisación y la corrupción.

Al costo de las empresas estatales debería sumarse el de las deseconomías externas que ellas generan. Las deficiencias en los servicios públicos implican mayores costos en el sector privado. ¿Cuántas horas de trabajo se pierden por transportes que no cumplen horarios? ¿Qué sobrecostos implica tener grupos generadores propios en previsión de frecuentes interrupciones del suministro eléctrico? ¿Cuánto les cuestan al Estado, y con él a los contribuyentes, las sentencias adversas por el mal manejo o el incumplimiento de contratos? Un caso paradigmático es el de YPF, que no hemos incluido en los números anteriores por ser una sociedad con participación privada. 

La estatización del control pasó por alto disposiciones estatutarias, dando lugar a un juicio en los Estados Unidos que le podrá costar al gobierno argentino algunos miles de millones de dólares. Por otro lado, los accionistas privados de la compañía han visto reducirse a un 20 % el valor de sus acciones.

Sería importante que la entrega de fondos del presupuesto nacional a las empresas públicas esté atada al cumplimiento de ciertas reglas de buena gestión, como la presentación de un plan de reestructuración y de eliminación del déficit en un plazo determinado, cuyo incumplimiento genere la suspensión de los subsidios.

Hay un sinnúmero de razones para mejorar la administración de los servicios del Estado. Las pérdidas en definitiva, impactan en los bolsillos de la gente.