El viceintendente de Mburucuyá, Sebastián Guastavino, advirtió que el Concejo Deliberante de la localidad atraviesa una situación de bloqueo institucional que impide su funcionamiento normal desde el inicio de la actual gestión.
Según explicó en Hoja de Ruta, el conflicto se originó luego de que el concejal electo Pablo Guastavino —exintendente del municipio— no asumiera su banca el 10 de diciembre junto al resto de los ediles. Aunque presentó la documentación correspondiente, nunca prestó juramento y, tras varias convocatorias a sesiones, finalmente presentó su renuncia al cargo.
De acuerdo con la carta orgánica municipal, esa dimisión debe ser tratada en una sesión del Concejo para poder habilitar el corrimiento de la lista y permitir la asunción del concejal que sigue en el orden, en este caso Escalante. Sin embargo, el proceso quedó trabado por la falta de quórum.
“Ya van casi cien días sin que el Concejo pueda funcionar con normalidad. Estamos tres concejales de un lado y tres del otro, pero la oposición no da quórum”, explicó el viceintendente.
Guastavino sostuvo que el problema responde a una disputa política dentro del cuerpo legislativo. Según indicó, la oposición exige que primero se realice una sesión especial para tomar juramento al nuevo concejal, algo que el oficialismo considera inviable sin antes tratar formalmente la renuncia del edil saliente.
“La renuncia debe tratarse primero en una sesión ordinaria. Para eso necesitamos quórum, pero justamente no nos lo están dando”, explicó.
La falta de funcionamiento del Concejo ya afecta la gestión municipal, ya que existen proyectos enviados por el Ejecutivo que requieren tratamiento legislativo. Entre ellos figuran declaraciones de emergencia climática, administrativa y económica vinculadas a los daños provocados por fenómenos meteorológicos que afectaron a la localidad tras el cambio de gestión.
“Cinco días después de asumir tuvimos la inundación más grande de la historia del pueblo y a los quince días un tornado importante. Necesitamos tratar las emergencias para poder ordenar la situación administrativa y financiera”, señaló.
El viceintendente advirtió que, de continuar la ausencia de los concejales, podrían aplicarse sanciones previstas en la normativa municipal. La ley orgánica establece que un edil no puede faltar a más de dos sesiones en un mes sin justificación, lo que incluso podría derivar en la vacancia de su banca.
No obstante, remarcó que la intención es evitar llegar a ese escenario. “Tenemos herramientas legales, incluso se puede obligar a los concejales a asistir, pero no queremos llegar a ese punto. Buscamos resolverlo a través del diálogo”, sostuvo.
Mientras tanto, el Ejecutivo municipal asegura que continúa trabajando con normalidad en la gestión local, aunque a la espera de que el Concejo pueda retomar su funcionamiento para avanzar con las decisiones administrativas pendientes.
