Los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones por la estatización de YPF presentarán el próximo jueves 15 de enero un escrito ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato y se le impongan sanciones económicas.
El planteo se basa en el presunto incumplimiento de una orden judicial que exige la entrega de mensajes de WhatsApp y otros sistemas de mensajería utilizados por determinados funcionarios y exfuncionarios públicos. Según explicó el especialista Sebastián Maril, la mayoría de los requerimientos ya fueron cumplidos, aunque al 12 de enero aún restaban seis personas por presentar la documentación solicitada.
De acuerdo con lo informado por el propio Maril, la defensa argentina prevé presentar su descargo formal ante el tribunal el próximo 19 de febrero.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron la acusación de desacato y aseguraron que el país está dando cumplimiento a todas las decisiones judiciales vigentes. Fuentes del organismo señalaron que se realizaron entregas parciales y periódicas de la información requerida y que se mantiene una colaboración activa para obtener el consentimiento de los funcionarios y exfuncionarios involucrados.
En ese sentido, remarcaron que la gran mayoría de las personas alcanzadas por la orden judicial ya prestó colaboración de manera voluntaria, mientras continúan las gestiones para completar los requerimientos pendientes.
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