El Gobierno de Javier Milei formalizó en el Congreso dos proyectos de ley que apuntan a reformar el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental. Las iniciativas ingresaron en el Senado con pedido de pronto tratamiento.
Desde el Ejecutivo señalaron que ambas propuestas forman parte de una estrategia para actualizar esquemas que presentan distorsiones. En ese marco, se busca introducir cambios de fondo en áreas consideradas sensibles.
Pensiones por invalidez
Uno de los proyectos apunta a combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Según datos oficiales, estos beneficios crecieron de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.
El mensaje enviado al Congreso advierte sobre irregularidades detectadas en auditorías, como beneficiarios sin requisitos médicos o domicilios inexistentes. Por ello, la iniciativa propone mecanismos más estrictos para prevenir y sancionar fraudes.
El texto plantea modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas a prestaciones por discapacidad. El objetivo es garantizar un uso equitativo de los recursos públicos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes cumplan las condiciones.
Desde el Gobierno sostienen que estas irregularidades generan un “dispendio injustificable” de fondos. Además, remarcan que afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.
Salud mental
En paralelo, el Ejecutivo envió una reforma de la ley nacional de salud mental (26.657) y normas complementarias. La propuesta busca ampliar el enfoque actual, incorporando prevención y tratamiento junto a la protección.
El proyecto también otorga mayor relevancia al criterio médico, puntualmente de especialistas en psiquiatría. Esto impacta en la evaluación y el abordaje de los pacientes dentro del sistema.
Uno de los puntos más importantes es el cambio en las condiciones para internaciones involuntarias. Se propone reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia de riesgo grave.
Según el Ejecutivo, esta modificación busca evitar situaciones de duda o inacción ante casos críticos. También se habilita un mayor margen para crear establecimientos destinados al tratamiento de salud mental y adicciones.
Ambos proyectos fueron remitidos en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales. Ahora será el Congreso el encargado de debatir las iniciativas.
Con información de TN.
