El Gobierno provincial confirmó un aumento salarial del 12 por ciento que, sumado a las anteriores recomposiciones, alcanza un total de 37 puntos porcentuales de mejoras para agentes estatales en lo que va del año. La noticia fue bien recibida por los beneficiarios directos, pero los correveidiles del gataflorismo local armaron batifondo en las redes sociales con el argumento de que fue un anuncio electoralista.
Pongámosle que sí. Pongámosle que sea parte de una estrategia del oficialismo para condimentar la imagen comprometida de una administración que va por la continuidad en elecciones a celebrarse a fin de mes. El punto es que no está prohibido. Siempre que cuente con los recursos, conforme la planificación financiera y presupuestaria del erario, la decisión política de conceder una mejor remuneración no solamente es legal, sino también legítima.
El gobierno encabezado por Gustavo Valdés tomó una decisión en la oportunidad que consideró procedente. Y lo hizo en un contexto nacional de crisis que mantiene a los trabajadores públicos y privados de toda la Argentina en estado de sobresalto por el encarecimiento de los productos de primera necesidad, una realidad compleja que pone en valor la inversión salarial de la gestión correntina.
El hate de las redes sociales fue utilizado por algunos agoreros que agitaron el chismeducto de los cotilleos palaciegos. Que el porcentaje estuvo por debajo de la expectativa, que tenían que jugarse con un monto más jugoso, que se quedaron cortos, etcétera. Pero como todas las elucubraciones se terminan cuando chocan contra la irreductibilidad de las pruebas, basta con ofrecer una comparación parametrizadora del espíritu que mueve a un modelo y a otro.
Veamos: el aumento de Corrientes alcanzó 12 puntos y superó la inflación computada en lo que va del ejercicio 2025. ¿Saben de cuánto fue el aumento otorgado por el Gobierno Nacional en este mismo mes de agosto? De 1,3 por ciento. La décima parte.
Si el Ejecutivo correntino no hubiera otorgado la recomposición, se hubieran quejado. Si hubieran excedido los límites de la prudencia administrativa, hubieran dicho que rifaba el equilibrio fiscal para comprar voluntades. Si hubiera retrasado el anuncio para después de las elecciones, hubieran dicho que desaprovechó la oportunidad de llegar a las urnas con los agentes públicos contentos. Y así podríamos seguir ensayando ucronías contrafácticas, porque ninguna decisión conforma a los quejosos seriales. Se olvidan de que la queja entretiene, pero nada más que eso. Lo que realmente marca la diferencia a favor de aquel espacio que obtiene el respaldo popular -cualquiera sea su signo político- son los hechos. Y los trabajadores correntinos van a cobrar más plata. Ese, es un hecho.
