Tener las cuentas claras y rendirlas es tan importante como no tener prontuario. De lo contrario, nuestro país seguirá siendo inviable para quienes desean invertir en él.
Una de las principales razones de esa huida es la carencia de certeza sobre la existencia que podemos brindarles, sobre la seguridad jurídica que un rico entorno emprendedor demanda para potenciar tanto talento e innovación y atraer inversiones. Pero la mejora no solo debe ser económica, sino ética y moral. Asumamos que nuestro país no tiene salida si no comienza a combatir la corrupción estructural que lo está carcomiendo desde hace ya demasiado tiempo.
Es tarea de todos exigir decencia a voz en cuello y que se termine con la impunidad. La batalla requiere tanto de valientes como de decentes. Seguir demorando la sanción de la ley de ficha limpia, solo por citar una norma de carácter perentorio, no es una opción. ¿Cuál es el miedo a transparentar la selección de los candidatos en los procesos electorales?, Seguramente, quedarse afuera de “algún reparto” y que se termine con la posibilidad de que los criminales sigan zafando.
Está claro que, así como el Estado se fue volviendo paquidérmico, muchos de sus funcionarios a lo largo de décadas sacaron ventaja de ese funesto exceso para alimentar delictivamente sus propias billeteras, para engordar su patrimonio a expensas del manojo de contribuyentes decentes a los que solo les quedó –y aún les queda- la esperanza de que se haga justicia: que los malos finalmente paguen. El problema es que, con el crecimiento desproporcionado del Estado, de los manejos espurios de la cosa pública y de la proliferación de jueces más cercanos a los delincuentes que a castigar el delito, se hace difícil sostener esa ilusión.
Perturba saber que en nuestro país más del 90 por ciento de las causas por corrupción no llegan a tener sentencia y los juicios, en promedio, duran unos 14 años. En el trayecto, fallecen sospechosos, se pierden pruebas, se abarrotan los juzgados de chicanas dilatorias. Lamentablemente, somos campeones de una funesta impunidad biológica en la que el paso del tiempo actúa como el mejor abogado de la corrupción.
El miércoles pasado, durante una sesión bochornosa en el Congreso, a la que concurrió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque lo obliga la Constitución en función del cargo que ejerce, su informe trocó en un aquelarre de gritos y acusaciones por las causas que se le siguen en la Justicia, de las que el funcionario se defendió, pero sin mostrar pruebas. Entre quienes le gritaban, había unos cuantos con cuentas pendientes en los tribunales, aunque hoy frenadas porque consiguieron fueros como legisladores. Lamentable espectáculo.
¿Cuántos años pasan entre la comisión de los delitos y las sentencias cuando estas tienen lugar? Demasiados. Décadas en las que se sigue perdiendo la confianza ciudadana en buena parte de los poderes del Estado.
Adorni, aunque desde un modelo ideológico muy distinto, entra como figura estelar al mismo elenco que legisladores corruptos, jueces venales, un exvicepresidente condenado y una expresidenta presa por apenas una de las varias causas que se le siguen, si a las cuentas que dice tener ordenadas les faltan rendición.
Ni que hablar de la causa que tiene como protagonista al exjefe de Gabinete de Kicillof Martín Insaurralde por el denominado Yategate o la de los Sueños Compartidos, que ni fueron sueños ni los fondos se compartieron con quienes se debía: los verdaderos beneficiarios.
Un pequeño puñado más de hombres y mujeres que desarrollaron actividades públicas cumpliendo penas y muchísimos más, entre dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, jueces y fiscales, tratando de obstaculizar procesos.
No es casual que el último ranking de percepción de la corrupción, que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI), desde hace 30 años, no haya traído buenas noticias para nuestro país. La Argentina retrocedió aún más en la medición correspondiente a 2025: obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100.
Las buenas noticias no deben depender de la buena suerte.
