El debate por una reforma impositiva integral vuelve a ganar centralidad en la agenda nacional y, desde el sector rural, advierten que el problema no es solo la presión fiscal sino la desarticulación entre los sistemas tributarios nacional, provincial y municipal. Así lo planteó Lisandro Balestra—contador, referente de las sociedades rurales de Corrientes y vinculado a la comisión impositiva de CRA— en diálogo con Hoja de Ruta.
“Hoy conviven dos sistemas tributarios que no dialogan entre sí, y en conjunto generan una situación asfixiante”, explicó. Según detalló, esa falta de coordinación impacta directamente en la actividad productiva, especialmente en las economías regionales.
En el caso de Corrientes, señaló que los principales tributos provinciales son Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural. Este último, aclaró, tiene un peso relativamente bajo en comparación con provincias de la pampa húmeda. “No es que no se pague, es barato. Funciona casi como una patente: el problema aparece cuando necesitás hacer un trámite y te exigen estar al día”, explicó.
Más crítica fue su mirada sobre Ingresos Brutos, al que calificó como “nocivo” para la economía. “Tiene efecto cascada: se va trasladando de un eslabón a otro hasta llegar al consumidor final, distorsionando toda la cadena de precios”, sostuvo, y recordó que en algunas provincias este impuesto llega a representar hasta el 50% del presupuesto.
Consultado sobre si Corrientes es efectivamente una de las provincias con menor presión fiscal del país, respondió que “en los papeles sí”, pero aclaró que en la práctica la situación es distinta. “Tiene alícuotas bajas, pero también una gran cantidad de adelantos y saldos a favor que nunca se devuelven. Si eso se corrigiera, realmente sería una de las provincias con menor presión fiscal”, afirmó.
Uno de los puntos más cuestionados fue el llamado “impuesto a la primera compra”, que grava la venta de producción primaria sin procesar a compradores de otras provincias. “Es una barrera comercial muy fuerte, casi una aduana interna, que genera un daño real en la cadena de comercialización”, advirtió, y aseguró que el impacto ya se siente en productores y consignatarios de hacienda.
En cuanto a los debates nacionales, descartó por ahora una eliminación del monotributo, aunque defendió su rol como herramienta de inclusión fiscal. “Es un régimen simple que permite que mucha gente esté dentro del sistema”, señaló, aunque reconoció que el principal problema aparece cuando se alcanza el umbral de facturación y se pasa al régimen general. “Ahí se abre una discusión enorme sobre la deducción de gastos, especialmente en actividades de servicios”, explicó.
Finalmente, sostuvo que cualquier reforma debería apuntar a simplificar el sistema y diferenciar claramente entre actividades productivas, comerciales y de servicios. “El problema de fondo no es solo cuánto se paga, sino cómo y bajo qué reglas”, concluyó.
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