Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que recopila más de 350 muestras de agua a nivel nacional, volvió a poner en agenda la necesidad de controlar la presencia de arsénico en distintas regiones del país.
Aunque el trabajo permite visualizar dónde es necesario reforzar los controles, Juan Daniel Ruiz Díaz, director del Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), aclaró que la información sobre Corrientes es histórica.
Datos históricos y la necesidad de actualización
En el caso de Corrientes, el mapa del ITBA incluyó datos de las localidades de Sauce y Bonpland, provenientes de muestras tomadas hace más de diez años, en 2011.
“El mapa del ITBA no nos dice que el agua de Corrientes esté en riesgo hoy. Lo que nos dice es que es momento de actualizar información, comunicar con claridad y trabajar con una estrategia conjunta entre Estado, universidades y la comunidad, garantizando así el acceso a agua segura y sostenible”, sostuvo Ruiz Díaz.
El especialista remarcó que, si bien hay antecedentes de Sauce (con valores superiores a 50 ppb en 2011) y Bonpland (entre 10 y 50 ppb), no se puede afirmar que exista un riesgo vigente hoy. El mapeo tiene la función de alertar sobre riesgos potenciales en caso de que esos valores persistan.
Límite legal y tratamiento del agua
El especialista de la Unne recordó que, tanto el Código Alimentario Argentino (CAA) como la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecen el límite legal de arsénico en el agua de consumo en 10 µg/L (10 ppb).
“Todo lo que supere ese valor requiere acciones correctivas; y lo que esté cerca del límite exige vigilancia periódica,” afirmó Ruiz Díaz.
No obstante, el director del Laboratorio de Química Ambiental considera que en Corrientes el riesgo actual es "muy bajo", ya que el agua que se consume en la provincia es, en la mayoría de los casos, tratada para cumplir con lo establecido por el CAA.
El investigador destacó el valor de los estudios científicos y la labor conjunta de la Universidad con los gobiernos y la comunidad para garantizar la calidad del agua, un recurso que siempre requiere tratamiento previo para ser apto para el consumo, independientemente de su fuente (río, perforación o lacustre).
