La mayoría del Parlamento Europeo condenó ayer la detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y pidió a las autoridades bolivianas su liberación y la de dos de sus ministros y otros políticos encarcelados, así como la retirada de los cargos contra ellos con motivos políticos.
La resolución condenatoria salió adelante por 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, y en ella se considera “presos políticos” a Áñez y sus excolaboradores y se “denuncia y condena su detención arbitraria e ilegal”.
Áñez está en detención preventiva desde hace más de un mes por el caso “golpe de Estado”, basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.
En este contexto, el Parlamento Europeo recalca que Áñez “cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial” que dejó Morales y recordó que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Jeanine Áñez.
En el debate parlamentario sobre este asunto, el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, subrayó que Bruselas ya ha pedido públicamente que las acusaciones contra Áñez vinculadas a los eventos de 2019 se aborden en un proceso judicial “transparente y justo, con plena independencia, sin presión política y con pleno respeto a la división de poderes”.
Por otro lado, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová, expresó poco después de aprobarse la resolución: “Todos esperábamos que las últimas elecciones en Bolivia marcarían un cambio positivo, que restaurarían la paz en un país tan dividido, pero sucedió lo contrario”,
“Hemos observado con espanto una ola de persecución política. Que quede claro: la sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA, al gobierno de transición de Jeanine Áñez”, agregó.
La delegación comunitaria en La Paz está en contacto con la familia de la expresidenta interina y con el representante de Naciones Unidas que visita a Áñez en prisión de manera regular. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han calificado el procesamiento de Áñez como político.
En su resolución, la Eurocámara “expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la Justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional”.
(EN)
