Doce ciudadanos estadounidenses harán lo que en 50 años no pudo la Justicia argentina: desde el próximo lunes 27, en Miami, Florida, juzgarán al último de los asesinos libre de la Masacre de Trelew. El juicio contra el exmarino Roberto Guillermo Bravo, sin embargo, no será de carácter penal. Familiares de cuatro de las 16 víctimas del fusilamiento ocurrido el 22 de agosto de 1972 iniciaron en 2020 una demanda civil que, en una semana, quedará definida con el veredicto.
Las audiencias —cuya fecha original era en febrero pero se demoró por un conflicto imprevisto de la Justicia local— comenzaron el miércoles de la semana pasada con la selección de jurados, una instancia técnica conocida como voir dire. Este lunes empezará al juicio propiamente dicho, ante una corte federal para el distrito sur del estado de Florida. La denuncia contra Bravo está amparada por la ley de protección de víctimas de tortura (Tvpa, según sus siglas en inglés) y busca la rendición de cuentas y una reparación —cuyo contenido no trascendió— por su presunta responsabilidad en los crímenes de la Patagonia.
Bravo tiene 80 años, vive en Estados Unidos desde 1973, a donde llegó meses después de la masacre, cuando empezó a escurrirse de la Justicia argentina con ayuda de la Armada, que lo envió como agregado a la Embajada argentina en Washington DC. Este juicio es, de alguna manera, la concreción de varias estrategias que desarrollaron las víctimas desde aquel año. Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueger (Bonet) y Marcela Santucho son los familiares de cuatro de las víctimas de la Masacre de Trelew que en los años posteriores, junto a sus familias, buscaron justicia.
(JML)
