El cierre definitivo de la firma Alal lleva cuatro meses y el conflicto laboral sigue golpeando de lleno a más de 260 familias de Goya y otras 200 en Villa Angela en Chaco. Mientras el proceso judicial avanza lentamente en Santa Fe, los exempleados aseguran que todavía no cobraron sus indemnizaciones y que ahora deben volver a presentar documentación para continuar con el reclamo.
“Ya no sé qué hacer, la situación económica está mal. Me faltaba poco para jubilarme y tengo más de 60 años, no consigo trabajo”, expresó uno de los trabajadores despedidos en diálogo con El Litoral. El hombre formó parte durante años de la planta textil de Goya y hoy atraviesa una situación de profunda incertidumbre económica.
¿Qué paso de enero a mayo?
El cierre de la empresa se oficializó el 25 de enero de este año, cuando la histórica firma comunicó el cese definitivo de sus plantas de hilados y telas en las dos ciudades que operaba. La empresa argumentó que la apertura de importaciones, el aumento de los costos energéticos y la caída del consumo hicieron inviable la continuidad de las operaciones.
Un día después, los trabajadores llegaron a las fábricas y encontraron las puertas cerradas. Poco después comenzaron a recibir los telegramas de despido. La noticia impactó de lleno en ambas ciudades, donde la textil representaba una de las principales fuentes de empleo privado.
Durante febrero comenzaron las protestas y reclamos judiciales. Los operarios exigieron el pago completo de sus indemnizaciones y realizaron distintas movilizaciones en Goya. En paralelo, la empresa inició el proceso de concurso preventivo de acreedores en los tribunales de Reconquista, Santa Fe, donde se encuentra la sede administrativa del holding y su planta de curtiembre.
Según relataron los trabajadores, la situación se volvió todavía más compleja cuando el expediente pasó de Corrientes a Santa Fe.
“Ganamos acá en Goya el 50% del pago de indemnización, pero cuando se iba a hacer la liquidación pasó a Santa Fe. Empezamos todo de cero, nos puede llevar casi un año. Ahora tenemos que autenticar las firmas”, explicó uno de los exempleados a este medio.
La Justicia Laboral de Goya había ordenado embargos preventivos sobre bienes de la empresa para garantizar el cobro urgente de al menos el 50% de las indemnizaciones. Sin embargo, el concurso preventivo abierto en Reconquista modificó el escenario judicial y obligó a los acreedores —entre ellos los trabajadores despedidos— a presentar nuevamente la verificación de sus créditos ante la sindicatura santafesina.
La fecha límite para ese trámite fue fijada para el 28 de este mes, mientras que el proceso de concurso podría extenderse hasta abril de 2027. En ese contexto, muchos trabajadores aseguran sentirse abandonados y sin respuestas concretas.
La empresa tenía además un depósito en Buenos Aires y las liquidaciones en Santa Fe, provincia a la que finalmente se trasladó toda la administración del conflicto. Mientras tanto, en Goya todavía persiste el impacto social del cierre de una firma centenaria que durante décadas sostuvo cientos de puestos laborales en la región.
