La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) emitió un duro comunicado de repudio en el que denunció formalmente haber sufrido actos de discriminación y segregación contra los trabajadores de prensa de la provincia durante la masiva cobertura de la inspección judicial desarrollada este martes en la localidad de 9 de Julio, en el marco del juicio por el "Caso Loan".
El gremio que nuclea a los profesionales de la comunicación apuntó directamente contra los criterios de acceso dispuestos por las autoridades del Tribunal Oral Federal, en un procedimiento que llevaba la firma de los magistrados Eduardo Belforte, Simón Bracco, Fermín Ceroleni y Estefanía Acosta. Según la entidad, las restricciones perimetrales se aplicaron de forma arbitraria dañando el derecho a informar de los medios locales.
Privilegios para medios nacionales y exclusión local
El eje del reclamo se centró en la situación padecida por dos experimentados cronistas de la región, afiliados a la organización gremial: Rafael Palacios (corresponsal de Goya) y Daniel Bruno (de San Roque). Ambos periodistas se presentaron en el lugar tras haber cumplimentado con la totalidad de los requisitos de acreditación formal exigidos previamente por las autoridades judiciales.
"Si bien desde un primer momento estaba restringido el ingreso al público en general y a la prensa, llamó la atención que los equipos de prensa de medios nacionales, como así también de la provincia del Chaco, accedieron a estar en un lugar privilegiado, dentro del perímetro determinado como 'de preservación para la correcta producción de la dirigencia', discriminando a los trabajadores de prensa correntinos", fustigó la APC en su documento público.
Garantías para la libertad de expresión
Desde el sindicato de prensa aclararon que la presentación no persigue la obtención de prebendas temporales, sino el resguardo de las garantías constitucionales mínimas para el ejercicio del periodismo en el territorio provincial, sobre todo ante un expediente de altísima sensibilidad social como la desaparición del menor de edad.
“No pedimos un trato diferencial ni beneficios para los trabajadores de prensa afiliados a nuestra organización, sino solo el respeto y la igualdad para el normal desarrollo del trabajo noble de informar a la comunidad con profesionalismo e imparcialidad, haciendo uso del derecho a la información pública y la libertad de expresión”, concluye el texto que exige a los responsables del Tribunal Federal cesar de forma inmediata con las medidas de exclusión hacia las emisoras y diarios correntinos.
